ANTV – El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), diputado Héctor Navarro (Psuv/ Miranda), anunció que el ciclo de consultas públicas sobre la Reforma de Ley contra la Corrupción, iniciará la próxima semana.

Tal consulta arranca con una reunión del equipo parlamentario de la referida instancia legislativa y representantes de los poderes públicos, a fin de escuchar los aportes y sugerencias que servirán para la redacción de la referida normativa.

Entrevistado, este lunes, en el programa Asamblea Viva, transmitido por ANTV, el parlamentario recordó que ese instrumento jurídico fue aprobado en primera discusión por la plenaria de la AN, el pasado martes 17 de mayo. La misma señala de manera taxativa las “acciones penales y civiles derivadas de los delitos contra el patrimonio público tipificado en esta ley no prescriben”, puntualizó.

Navarro señaló además que dentro del cronograma de la Comisión Permanente de Contraloría, está previsto hasta mediados del mes de julio una consulta pública “abierta”, con la participación de los consejos comunales y comunidades en general, de manera itinerante en diferentes estados de Venezuela, lo que permitirá a los ciudadanos y ciudadanas formular críticas constructivas a este proyecto de ley.

“Todos los artículos definidos que están incorporados en el instrumento jurídico, podrán ser modificados 100%, dependiendo del resultado de la discusión pública, a través de los aportes y observaciones que el pueblo proponga, para posteriormente sistematizar esos planteamientos, los cuales serán incorporados para la elaboración del informe para su segunda discusión del Proyecto de Ley”, explicó.

El texto legal incorpora nuevos conceptos sobre probidad administrativa para referirse a la conducta ética que deben tener los funcionarios y las funcionarias de la administración pública; otro aspecto novedoso, subrayó, son las sanciones penales y civiles para quienes atenten contra el patrimonio público.

El artículo 47 del referido proyecto contempla como deberes de la contraloría social lo siguiente: exigir a los funcionarios públicos la rendición de cuentas de los recursos transferidos, efectuar la vigilancia, seguimiento y control de las obras, fiscalizar los recursos públicos asignados a los consejos comunales.

Uno de los elementos destacados que tiene esta normativa, es que considera como funcionario público, todas aquellas personas, naturales y jurídicas, que administren recursos públicos. Citó como ejemplo que “los subsidios que se dan a las escuelas privadas, sobre los montos utilizados por esos institutos de educación, tienen que rendir cuentas de los recursos transferidos por el Estado”.

Al ser consultado sobre las atribuciones que le confiere a la Contraloría Social subrayó: “Ahora la contraloría social es integrante formalmente del sistema del control fiscal, auditores internos de los organismos, juntos a los auditores de las gobernaciones y alcaldías, tienen una gran responsabilidad en la vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos”.

Otra de las novedades es la exigencia a los funcionarios públicos de una declaración jurada de interés en la cual se certifique que no poseen acciones, intereses o vínculos con empresas que negocian con el Estado.

El objetivo es evitar que personas que ocupen cargos públicos utilicen los recursos del Estado para favorecerse, beneficiar a un partido específico o a sectores de su entorno.

A su juicio la “corrupción es una mal de vieja data, que tan pronto, cuando se instala la lógica del capital, la lógica perversa, regulado por el mercantilismo, en el ser humano, distorsiona la conciencia, la ética y la dinámica social de un país”.

“Nosotros los socialistas y los bolivarianos debemos seguir el ejemplo de nuestro Libertador, quien lucha de manera vehemente en contra la corrupción administrativa”, dijo a manera de exhortó el diputado Navarro.

Calendario UN – El 23 de marzo de cada año se celebrará el Día Meteorológico Mundial

Prensa AN – El diputado Claudio Farías (PSUV-Miranda), aseguró que los diputados del bloque socialistas que están dentro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios trabajan para desarrollar instrumentos jurídicos que ataquen las estafas inmobiliarias y controlen las ventas de viviendas.

Indicó que en la referida comisión han discutido cuatro proyectos de ley, de los cuales tres tienen que ver con la viviendas, para proteger a pueblo de las estafas y de las marañas jurídicas del sector privado, “tenemos que blindar al Ejecutivo y al pueblo para que no caigan en esas estafas”, sostuvo.

También dijo que van a someter una ley para regular las ventas programadas de carros, “porque al final el pobre no tienen como comprar un vehículo sino de esa manera y por eso vamos a proteger al débil jurídico” indicó.

Mencionó que los diputados de oposición, que están dentro de la Comisión de Administración y Servicios, están dispuestos a debatir y a sesionarlas, aunque vaticinó que en algún momento habrá un quiebre ideológico porque “defienden intereses diferentes a los nuestros. Nosotros apostamos al socialismo y ellos a otra cosa al libre mercado hay dos visiones de país” detalló.

Sostuvo que prueba de ello es que hay diputados que están ligados a empresas de las estafas inmobiliarias y que no se han pronunciado por esta situación que afecta al pueblo y a cientos de familias

Colocó como ejemplo a la parlamentaria Maria Corina Machado, quien perteneció a la ONG Súmate financiada por Alejandro Plaz Castillo dueño de la empresa que desarrolló el complejo habitacional “El Encantado” que hoy “está involucrada en la estafa inmobiliaria” señaló Farias.

“Hay muchos diputados que están involucrados en este tipo de estafas. Para ellos no es importante que roben al pueblo, porque ese es el modelo que ellos quieren y defienden, el del capitalismo” sentenció.

Prensa AN – La Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico presentó la conformación de su agenda legislativa para el ejercicio fiscal 2011. El presidente de la referida instancia legislativa, diputado Ricardo Sanguino, precisó que en primer lugar tienen previsto abordar el Proyecto de Ley para el Turismo Popular. “Como es sabido existe la Ley Orgánica del Turismo que en unos de sus capítulos establece el desarrollo del Turismo Popular y Recreación para la Comunidad, lo que vendrá a favorecer a los ciudadanos con menores recursos económicos”, acotó.

Igualmente, dijo que la Ley Antimonopolio es un claro reconocimiento al artículo 113 de nuestra Constitución, el cual establece que no se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de la Carta Magna, cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio (…). El instrumento lo han venido elaborando los parlamentarios de la anterior Comisión Permanente de Desarrollo Económico.

Por otra parte, informó Sanguino que de acuerdo con las políticas de Estado y la creación del Fondo Bicentenario para la Exportación, y existiendo un documento jurídico vigente como la Ley de Incentivo a la Exportación, vamos a reforzar esta última para ponerla en sintonía con todo lo que es el plan de desarrollo económico social 2007-2013, y a las políticas de incentivo a la actividad productiva interna darles un impulso para orientarlas a la exportación y la participación de nuestro país en Unasur, ALBA y todas esas instancias de integración de nuestros pueblos.

En la reforma del Código de Comercio, donde estamos conscientes de que en atención a todo lo que ha sido la experiencia con las ventas preprogramadas, que han derivado en acaparamientos y otras prácticas para estafar, pretendemos reforzar los instrumentos jurídicos que han venido surgiendo.

Dicha reforma estará orientada a corregir esas prácticas normales y comunes en el capitalismo, pero en nuestro proceso de transformación y transición hacia el socialismo se requiere de la instrumentación adecuada para evitar lo que ha sido una conducta ordinaria, para beneficio de nuestra población, afirmó.

En el área de las finanzas públicas, el parlamentario Sanguino propuso continuar con el desarrollo de la Ley de la Banca Pública. Recordó que anteriormente se aprobaron instrumentos como: la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, Ley de la Actividad Aseguradora, Ley de las Instituciones Bancarias, Ley del Mercado de Valores, Reforma del Banco Central, y nos falta la Ley de la Banca Pública para cerrar todo el círculo del Sistema Financiero Nacional.

Finalmente, el asambleísta mencionó que serán incorporadas en la agenda legislativa 2011: la Ley de Reforma de la Ley de Bingos y Casinos, instrumento que fue aprobado en primera y que le faltan pocos artículos por discutir, para llevarla a su segunda discusión, y la Ley de Presupuesto y Endeudamiento.

Prensa TSJ – La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia será la instancia que regulará el conflicto de competencia planteado entre el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia Contencioso-Administrativa de la Región Sur Oriental y el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, por un caso relacionado con el intento de un recurso de nulidad contra una decisión de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas.

Así lo decidió la Sala Constitucional del Alto Tribunal, en ponencia de la magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado. Dicho caso se origina luego de que la Caja de Ahorro y Préstamo del Personal Académico de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Instituto Pedagógico de Maturín, intentó la demanda de nulidad contra una providencia administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo monaguense, que ordenó el reenganche y pago de salarios caídos a la ciudadana Yarith Chacín Sotillo.

La demanda de nulidad, junto con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, fue introducida ante el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia Contencioso-Administrativa de la Región Sur Oriental, ente que se declaró incompetente a la luz de lo establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que exceptúa de las competencias de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo las acciones ejercidas contra las decisiones dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.

A la vez que declaró su incompetencia para entrar a conocer y decidir la acción interpuesta, dicho tribunal también declinó la competencia a uno de los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas.

Por su parte, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial de Monagas se declaró incompetente al considerar que el recurso de nulidad fue efectuado antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y tomó en consideración lo planteado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que la jurisdicción y la competencia se determinan “conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa”.

En sus consideraciones para decidir, la Sala Constitucional verificó que el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas erró cuando remitió el expediente a dicha Sala por cuanto es únicamente en materia de amparo que la misma es competente para la resolución de los conflictos de competencia que se susciten cuando no exista un tribunal superior común y afín a los que están en conflicto.

Agrega la Sala que en este caso no existe superior común a los órganos jurisdiccionales entre los cuales se planteó el conflicto negativo de competencia, y por tanto es la Sala Plena la que resulta competente de acuerdo con lo contemplado en el artículo 24, numeral 3, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece como competencia de esta Sala la de dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia con distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia por la materia afín a la de ambos.

En consecuencia, la Sala Constitucional se declaró incompetente para conocer del conflicto negativo de competencia planteado entre los dos tribunales mencionados y declinó la regulación de dicho conflicto en la Sala Plena del Máximo Tribunal de la Nación.

Ver sentencia

Calendario UN – En su resolución 47/193 de 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General declaró que el Día Mundial del Agua se celebraría el 22 de marzo de cada año a partir de 1993. La fecha es una ocasión única para recordar a todos que, mediante la ejecución de acciones concretas para obtener agua potable y mediante un aumento de la toma de conciencia mundial sobre los problemas que se generan en este ámbito y las soluciones aplicables, se puede conseguir cambiar la situación.

Mediante la resolución 58/217 de 23 de diciembre de 2003, la Asamblea General proclamó el período de 2005 a 2015 Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente de vida”, que comenzó el 22 de marzo de 2005, Día Mundial del Agua.

Calendario UN – Asamblea General en su resolución A/RES/64/253 (A/64/L.30/Rev.2) reconoce el 21 de marzo como Día Internacional del Nowruz y acoge con beneplácito la labor que realizan los Estados Miembros donde ce celebra el Nowruz para preservar y fomentar la cultura y las tradiciones relacionadas con el Nowruz y los alienta a que procuren da a conocer el Nowruz y organicen actos anuales para celebrar esa festividad.

Calendario UN – La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) celebra cada año el 21 de marzo como el Día Mundial de la Poesía.

Calendario UN – La Asamblea General en su resolución A/RES/34/24 (Pag.190 14.) decide declarar que todos los años en todos los Estados, a partír del 21 de marzo, una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial.

Calendario UN – Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año. Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar el Día en 1966, la Asamblea General instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial ( resolución 2142 (XXI) ).